La bancada de diputados del Frente Amplio (FA) presentó un proyecto de ley para regular el trabajo y la formación laboral de las personas privadas de libertad, con el objetivo de garantizar el acceso a empleos remunerados, capacitación y protección social dentro del sistema penitenciario. La iniciativa fue presentada ante la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Representantes.
Según los datos incluidos en el proyecto, hasta marzo de 2026 había 16.624 personas privadas de libertad y más de 5.000 realizaban actividades laborales dentro de las cárceles, aunque solo había 850 peculios disponibles.
Además, el último informe del Comisionado Parlamentario Penitenciario, correspondiente a 2024, señala que el 36% de la población carcelaria accedía a una plaza laboral. De ese total, el 86% no recibía remuneración, el 11% percibía un peculio y apenas el 3% cobraba un salario. Los legisladores sostienen que esta situación responde, entre otros factores, a la fragmentación del marco normativo y a la falta de mecanismos que aseguren su cumplimiento.
El proyecto parte de la premisa de que el trabajo debe ser reconocido como un derecho de las personas privadas de libertad y no como una herramienta de castigo o corrección. En ese sentido, prohíbe que se obligue a una persona a trabajar mediante amenazas de sanciones disciplinarias, restricciones de beneficios u otras formas de coacción. Para acceder a una actividad laboral, además, será necesario contar con el consentimiento informado y documentado del trabajador.
Uno de los principales puntos de la iniciativa es la regulación de las actividades laborales dentro de las unidades penitenciarias. Para ello, establece tres modalidades: peculio, trabajo remunerado y pasantías laborales.
En el caso del empleo remunerado, el pago no podrá ser inferior al Salario Mínimo Nacional. Además, las empresas empleadoras estarán obligadas a realizar los aportes correspondientes a la seguridad social.
El texto aclara que estas modalidades serán independientes del actual régimen de comisiones penitenciarias. Bajo ese sistema, las personas privadas de libertad realizan tareas de mantenimiento y gestión de las instalaciones sin recibir una remuneración económica, aunque esas actividades se contabilizan para la redención de pena.
El proyecto habilita a empresas privadas a instalarse como empleadoras dentro de las cárceles mediante convenios con el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR). Para fomentar su participación, propone establecer incentivos fiscales, mecanismos de contratación pública y una ventanilla única en el INR que simplifique los trámites necesarios para comenzar a operar en las unidades penitenciarias.
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