La reglamentación de la nueva ley contra el lavado de activos traerá más procedimientos y responsabilidades para los contadores alcanzados por la normativa, aunque la Senaclaft incorporó algunas modificaciones planteadas por el sector antes de cerrar el decreto.

El Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay (CCEAU) mantuvo una nueva reunión con la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) para discutir los cambios que se aplicarán.

Entre los principales puntos estuvieron la debida diligencia, los controles reforzados en determinados casos y las operaciones en efectivo.

La representante del CCEAU ante Senaclaft, Cristina Freire, explicó que el Colegio realizó varias sugerencias sobre esos aspectos y que algunas fueron consideradas en la nueva versión del proyecto.

“Realizamos una serie de sugerencias respecto a lo que es la debida diligencia intensificada, sobre los movimientos en efectivo y otros planteos que han sido tomados en cuenta en el borrador del proyecto”, señaló.

El asesor de Senaclaft Daniel Espinosa confirmó que parte de las observaciones realizadas por los profesionales fueron incorporadas.

“Algunos de los comentarios recibidos están incorporados al nuevo texto que vamos a enviar”, afirmó.

La reglamentación todavía no está cerrada. Según explicó Espinosa, resta una última instancia de intercambio con los sectores involucrados antes de avanzar hacia la versión definitiva del decreto.

Uno de los principales efectos para los profesionales estará en la cantidad de tareas que deberán cumplir quienes sean considerados sujetos obligados.

El alcance general se mantiene. Los contadores continúan siendo sujetos obligados cuando realizan determinadas actividades, como auditorías o informes de revisión limitada que superan ciertos umbrales.

“Eso sigue estando claro, tanto en la ley anterior como en la actual”, indicó Freire.

Lo que sí cambia son los procedimientos asociados. Los profesionales deberán revisar sus sistemas de control, capacitar a sus equipos y conservar determinada documentación vinculada a las operaciones.

“Como sujetos obligados tenemos un poco más de trabajo”, resumió la representante del Colegio.

El CCEAU entiende que estos cambios también harán necesaria una mayor capacitación para evitar errores cuando la reglamentación comience a aplicarse.

“La nueva ley y nuevo decreto llevan a que debamos revisar procedimientos nuevos, revisar nuestras capacitaciones”, señaló Freire.

El Colegio prevé por eso continuar realizando instancias de formación para sus socios una vez que quede definido el texto.

Desde Senaclaft, en tanto, sostienen que las modificaciones no deberían provocar un aumento general de los costos para los profesionales.

Espinosa señaló incluso que algunas de las flexibilizaciones incorporadas podrían reducir determinadas cargas administrativas.

Freire destacó además que durante el proceso existió un intercambio permanente entre ambas instituciones. Si bien reconoció que Senaclaft no acepta todas las propuestas del Colegio, sostuvo que los planteos son escuchados y considerados antes de tomar una decisión definitiva.

El nuevo texto será enviado ahora a los sectores involucrados para una última devolución antes de que el Poder Ejecutivo avance con la redacción final del decreto reglamentario.




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