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Funcionarios del Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA) alertaron que la reforma incluida en la Rendición de Cuentas podría afectar a más del 75% del personal que trabaja actualmente en el organismo. 

Según el documento elaborado por los trabajadores al que accedió Montevideo Portal, ese porcentaje corresponde a quienes no ocupan cargos presupuestados y cuya continuidad no queda garantizada en la nueva estructura. “Esto genera una gran incertidumbre laboral”, señalaron.

El planteo apunta a los artículos 144 al 160 del proyecto, que transformarían al INBA en una persona pública no estatal. Los funcionarios pidieron que esos cambios sean retirados de la Rendición y discutidos posteriormente en una iniciativa específica.

En el documento cuestionaron que, hasta ahora, no se haya presentado un diagnóstico técnico que demuestre que los problemas actuales del organismo se deben a su naturaleza jurídica. “Los problemas identificados públicamente son concretos: falta de funcionarios, presupuesto insuficiente, escasa presencia territorial”, afirmaron.

Uno de los principales reparos está en la situación de los trabajadores. La iniciativa contempla a los funcionarios públicos presupuestados, pero los autores del documento sostienen que deja en una situación incierta a quienes trabajan mediante contratos, cooperativas u otras modalidades.

“El proyecto no garantiza la continuidad de las personas que actualmente sostienen el funcionamiento técnico, inspectivo, administrativo y jurídico del INBA”, plantearon. También preguntaron bajo qué vínculo continuarían, quién financiaría sus remuneraciones y cómo se protegerían la antigüedad y los derechos adquiridos.

Los funcionarios públicos que sean seleccionados para incorporarse a la nueva estructura deberán renunciar a la función pública y firmar un nuevo contrato bajo el estatuto que apruebe el instituto. Los trabajadores advirtieron que ese proceso podría provocar pérdida de experiencia y memoria institucional.

El documento también planteó dudas sobre el financiamiento previsto. El nuevo organismo recibiría principalmente hasta el 80% de lo recaudado por una tasa del 4% sobre la venta de raciones para animales, además de multas y otros ingresos.

Para los funcionarios, esos recursos serían “insuficientes e inestables” para sostener adecuadamente el funcionamiento del instituto, especialmente porque la nueva estructura debería asumir servicios que hoy presta el Ministerio de Ganadería.

También cuestionaron la creación de una presidencia remunerada de hasta $324.828, cuando actualmente ese cargo es honorario. “Se crea una Presidencia remunerada, pero no cargos técnicos”, resumieron en el documento.

Otro punto de crítica fue el anuncio de que el nuevo INBA podría contar con 25 pases en comisión. Los trabajadores sostuvieron que esa posibilidad no figura en el articulado y que todavía existen dudas jurídicas sobre su aplicación.

“Esto genera preocupación porque se anuncian mecanismos cuyo respaldo legal aún no estaría definido”, señalaron.

En sus conclusiones, los funcionarios reclamaron que el instituto permanezca bajo “conducción, responsabilidad y control efectivo del Estado” y plantearon como alternativas fortalecerlo dentro del MGAP o integrarlo a otra estructura pública con competencias afines.



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