La bancada de la coalición republicana resolvió convocar al Parlamento a autoridades del Ministerio de Transporte, Economía y la Administración Nacional de Puertos (ANP) ante la conflictividad registrada en el puerto de Montevideo.

La comparecencia será solicitada con carácter urgente ante las comisiones de Transporte y Obras Públicas y de Asuntos Laborales, según detallaron este miércoles.

En conferencia de prensa, el senador colorado Robert Silva sostuvo que la situación ya compromete aspectos centrales de la actividad económica y reclamó una respuesta del gobierno. “Están en juego nada más y nada menos que empleo, trabajo, credibilidad, la conectividad del país”, afirmó.

“Si se paraliza el puerto de este país, se paraliza la boca de salida y la boca de entrada”, agregó el legislador, quien señaló que la convocatoria incluirá a la ministra de Transporte, Lucía Etcheverry, al ministro de Economía, Gabriel Oddone, y a las autoridades de la ANP.

Silva aseguró además que la oposición recibió informes sobre horas de funcionamiento perdidas en el puerto y apuntó particularmente a las medidas adoptadas en la Terminal Cuenca del Plata (TCP).

“Hay uso y abuso por parte del sindicato que está condicionando al país entero, la conectividad, la credibilidad, el comercio exterior y el futuro del Uruguay”, cuestionó. A su entender, “el gobierno tiene que tomar cartas en el asunto”.

El senador nacionalista Javier García también confirmó la resolución de la bancada y sostuvo que la convocatoria responde a la “prolongada situación de conflictividad en el puerto”, que, según afirmó, afecta la competitividad del país, la producción y el empleo.

El planteo se produce luego de varios episodios de tensión entre los trabajadores portuarios y las autoridades. Este martes, el director de la ANP Jorge Gandini cuestionó un nuevo paro del sindicato y afirmó que hubo “camiones trancados”, servicios sin funcionar y el ingreso al puerto cerrado.

El conflicto también mantiene enfrentados al sindicato y a la empresa Katoen Natie, en un escenario que llevó a la intervención del Ministerio de Trabajo y a la instalación de ámbitos tripartitos.

A esto se sumó una investigación administrativa iniciada por la ANP contra un dirigente sindical que participó de una movilización fuera del puerto. El gremio denunció una “persecución sindical”, mientras Gandini sostuvo que se busca determinar si existió abandono de funciones y perjuicio para la administración.

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