La sindicatura de Alfredo Ciavattone, a cargo del proceso concursal de Conexión Ganadera, presentó a la Justicia la lista de acreedores y el inventario, luego de varios meses de análisis y de reunir elementos desde que se radicó la primera denuncia.
De acuerdo con el documento, a la fecha del decreto de declaración de concurso no existían cabezas de ganado ni animales registrados en el sistema de Dicose a nombre de Conexión Ganadera Ltda. así como tampoco de Hernandarias XIII, el principal tomador de ganado de la empresa.
En los últimos años de operación de la empresa —fundada por Pablo Carrasco, Ana Iewdiukow y el fallecido Gustavo Basso, cuya esposa, Daniela Cabral, también trabajó en Conexión Ganadera—, existió una falsa narrativa de la custodia.
Es decir, la tenencia material e ingeniería productiva de Hernandarias —así como del resto de los tomadores externos— no tenía eco en la realidad. Tampoco existían rodeos ni el ganado necesario para respaldar los contratos firmados con los clientes, ya fueran los nuevos o aquellos que decidían renovar su inversión.
Esto último, según la sindicatura, provocó que lo prometido por Conexión Ganadera en los compromisos firmados nunca se generara en la economía real. Ciavattone entiende que las obligaciones reclamadas por los damnificados no representan retornos ganaderos porque nunca existieron, sino que corresponden a daños y perjuicios derivados de una “malversación de fondos”.
Esto último se argumenta en que, al no existir ganado en Dicose que respaldara los contratos, la producción biológica era inexistente o no se ejecutaba como tal.
“El hallazgo de que no había animales registrados desmonta la narrativa de un negocio sustentado en activos biológicos reales. La sindicatura confirma que los rendimientos prometidos eran ficticios y califica los montos exigidos como reclamos por malversación de fondos”, indica el texto.
Por otro lado, se establece que alrededor del 81% de las cuentas a cobrar no se podrán subsanar, dada la falta de masa activa. En deudas, por diferentes conceptos, existen alrededor de US$ 115 millones, según había adelantado Eduardo Preve.
En la preferencia de cobro aparece el Banco Previsión Social, por una suma de $ 338.945 que corresponden a créditos laborales y cargas y contribuciones patronales a la seguridad social.
En segundo lugar, tienen prioridad los acreedores promotores —quienes iniciaron la demanda para declarar la quiebra—, que recibirán únicamente el 50% de sus créditos reconocidos porque el restante pasa al fondo común quirografario.
Finalmente, cobrarán el resto de los clientes particulares y damnificados, que cobrarán al barrer y a prorrata de lo que reste en la caja del concurso.
Montevideo Portal