El acuerdo que ofrecía a los más de 4.200 damnificados de Conexión Ganadera una distribución anticipada del dinero proveniente de la venta del ganado superó el 90% de adhesiones, lo que garantiza que los inversores recibirán una parte de lo que habían colocado en la empresa.

Según consignó El Observador y confirmó Montevideo Portal con base en el decreto, el síndico del concurso, Alfredo Ciavattone, entregó este miércoles su informe con las firmas de los damnificados al juez Leonardo Méndez, quien horas más tarde homologó el acuerdo.

En su resolución, el magistrado sostuvo que la principal misión del proceso concursal es “satisfacer el interés de los acreedores” y que, dado que estos manifestaron su conformidad expresa, correspondía homologar las transacciones celebradas con la sindicatura, bajo la condición de que los créditos involucrados sean luego verificados al presentarse la lista de acreedores.

El esquema había quedado definido en que, de superarse el 85% del pasivo del concurso —estimado en unos US$ 410 millones—, se repartirían en forma anticipada US$ 35 millones correspondientes a la venta de ganado gestionada por Ciavattone. Con la adhesión confirmada por encima del 90%, ese pago anticipado queda garantizado y debería concretarse en un plazo de 60 días.

El acuerdo distingue dos categorías de inversores: a los bonistas, poolistas y engordistas que mantenían ganado se les imputa el valor total de cada animal a su crédito quirografario, pero del producido de la venta se les resta un 33,4% por gastos y, del 66,6% restante, reciben la mitad.

En los hechos, eso implica que recuperan un 50% del valor de venta del animal, una vez descontados los costos de mantenimiento. Los terneristas, en cambio, que no tenían ganado registrado a su nombre, cobrarán un porcentaje fijo de base 5% sobre el total de su crédito quirografario, que según el texto entregado a los inversores supera la mitad de lo que podrían recuperar si un tribunal determinara que todos los animales pertenecen a todos los clientes, sin tener en cuenta el contrato que firmó cada uno.

En la misma resolución, el juez Méndez rechazó un planteo presentado por separado por Pablo Carrasco y por sus hijos, quienes reclamaban que se liberaran los embargos sobre distintas sociedades y cuentas. Según el citado medio, los hijos de Carrasco habían alegado que no podían acceder a gastos básicos, como la compra de una entrada de cine.

El juez desestimó el reclamo y mantuvo vigentes los embargos genéricos por US$ 250 millones dispuestos contra los cinco hijos de Carrasco y contra Muralir SA, la sociedad a través de la cual la familia tiene registrados varios bienes. Como ya presentaron un recurso de apelación contra esa decisión, la sentencia de Méndez será revisada por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 7º Turno, que tiene a su cargo el caso.

Montevideo Portal