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La discusión judicial en torno a la instalación de una planta de combustibles sintéticos en Paysandú alcanzó un nuevo punto en la justicia federal argentina, en el marco de una demanda de carácter preventivo por presuntos daños ambientales presentada por legisladores de Entre Ríos.

El expediente, impulsado por el diputado Guillermo Michel junto a Marianela Marclay y el senador Adán Bahl, todos integrantes del espacio Unión por la Patria (peronista), se dirige contra el Estado uruguayo y la empresa HIF Global, responsable del proyecto de producción de hidrógeno verde previsto para la ciudad de Paysandú, frente a la localidad argentina de Colón.

En esta etapa del proceso, la perito bióloga designada en la causa solicitó al juzgado acceso a información técnica actualizada sobre la calidad del agua del río Uruguay. El pedido apuntó a estudios, monitoreos y antecedentes realizados en el área comprendida entre las Termas de San José y Concepción del Uruguay.

El juez federal dio curso a la solicitud y dispuso librar un exhorto a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) para que remita documentación, informes y análisis ambientales disponibles.

Según el planteo de la perito, los datos requeridos resultan necesarios para completar los puntos de evaluación científica vinculados al eventual impacto del proyecto industrial sobre el ecosistema del río compartido entre ambos países.

El diputado Michel sostuvo, en un comunicado, que el avance judicial confirma el rumbo elegido por los demandantes. “Como venimos planteando desde el inicio, la salida de este conflicto es a través de la aplicación de la ley y del tratado Río Uruguay, y la justicia viene dando pasos concretos en ese sentido”, afirmó.

También agregó una crítica al manejo político del tema al señalar que “mientras algunos intentan tapar su falta de gestión con fotos, nosotros apostamos a trabajar con las herramientas institucionales que brinda la normativa vigente”.

La causa continúa en etapa de producción de prueba y se centra en la evaluación de posibles impactos ambientales asociados a la futura planta de combustibles sintéticos en la margen uruguaya del río Uruguay, un proyecto que ha generado tensiones entre actores políticos y técnicos de ambos países.

 

 

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