Un proyecto de ley presentado por el diputado frenteamplista Federico Preve plantea la creación de un servicio de atención en salud pública de carácter transitorio y obligatorio para médicos especialistas y otros profesionales de la salud que finalicen su formación, con el objetivo de mejorar el acceso a la atención en todo el país.

La iniciativa parte de la premisa de que la salud y el acceso a la atención sanitaria son derechos fundamentales y el Estado debe garantizar condiciones de equidad en todo el territorio. En ese sentido, el texto reconoce que actualmente existen fuertes desigualdades en la distribución de especialistas, con mayor concentración en Montevideo y carencias persistentes en varias zonas del interior.

El proyecto establece que quienes culminen estudios de grado, posgrado o especialización deberán cumplir, de forma obligatoria, un período de trabajo en el sistema público de salud. Este servicio tendría una duración de dos años, con una carga horaria semanal de entre 4 y 16 horas, dependiendo de la reglamentación y las necesidades asistenciales.

La prestación se realizaría en organismos públicos como Asse, Sanidad Militar, Sanidad Policial y el Hospital de Clínicas, beneficiando a más de un millón y medio de usuarios del sistema público, además de quienes se atienden en estos servicios específicos.

Otro punto clave es que los profesionales recibirán una remuneración acorde a los laudos vigentes, proporcional a las horas trabajadas. Sin embargo, el proyecto también prevé sanciones: en caso de incumplimiento, el Ministerio de Salud Pública (MSP) podría no registrar ni habilitar el título profesional hasta que se cumpla con la obligación.

La propuesta no afectará a quienes ya hayan finalizado su formación antes de la eventual promulgación de la ley, mientras que quienes estén cursando podrán adherir de forma voluntaria. En cambio, será obligatoria para quienes inicien su formación con posterioridad a la entrada en vigencia.

En la exposición de motivos, Preve subraya que el acceso a los especialistas hoy depende en gran medida del lugar de residencia y del sistema de salud al que se pertenezca, lo que genera inequidades territoriales y sociales. Además, advierte que, aunque existen políticas de descentralización en marcha, sus efectos son a mediano y largo plazo, por lo que se requieren medidas inmediatas.

La iniciativa busca fortalecer la presencia de los profesionales en las zonas con menor cobertura, reducir las brechas entre el sistema público y el privado y garantizar una atención más equitativa. Según el texto, se trata de una herramienta “concreta” para acercar especialistas a los lugares donde más se necesitan, mientras se consolidan reformas estructurales en el sistema de salud.

 Crítica de Julio Trostchansky

El cirujano Julio Trostchansky, expresidente del Sindicato Médico del Uruguay (SMU), criticó el espíritu del proyecto porque considera que “el arraigo no se impone” y citó un comunicado emitido por el gremio en el año 2011 que planteaba que “la obligatoriedad o la imposición no es el camino correcto”.

“Nadie puede obligar a un profesional a trabajar donde no quiere. En el SMU estamos muy preocupados y ocupados en mejorar las condiciones de trabajo médico, generando mejoras para los usuarios, en especial para los más desprotegidos, y estamos a la orden para colaborar y seguir sumando en esa dirección. Pero la responsabilidad de la calidad y disponibilidad de los servicios no es de los médicos, sino de los administradores y reguladores del sistema”, reza dicho comunicado.

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