Este proyecto, que lleva varios años de discusión y modificaciones, ahora se llama “ley de muerte digna”, y regula el procedimiento de eutanasia en casos especiales de enfermedades terminales o incurables, y cuando el paciente así lo resuelve en el uso pleno de sus facultades.
En Diputados fue aprobado con el voto del Frente Amplio y varios legisladores del Partido Nacional y el Partido Colorado, que votaron divididos. También lo hizo el diputado del Partido Independiente.
Votaron en contra varios diputados blancos y colorados, así como los de Cabildo Abierto e Identidad Soberana.
El proyecto llegó finalmente al Senado para su aprobación definitiva, lo que convierte a Uruguay en uno de los pocos países en legalizar la eutanasia.
Para ello, un médico deberá certificar que se dan las condiciones previstas en la ley, en cuanto a la enfermedad incurable, en etapa terminal, o con un sufrimiento tal que no se puede reducir ni eliminar.
Si ese médico no está convencido de que el paciente reúne las condiciones para habilitar la eutanasia, se puede convocar a un segundo profesional para que evalúe la situación.
En caso de opiniones divergentes entre los dos médicos ya citados, entonces se habilita la consulta a un ateneo médico para que resuelva si corresponde o no el procedimiento de muerte asistida.
La ley establece la objeción de conciencia del médico, esto significa que el profesional convocado para resolver y aplicar la eutanasia puede negarse si así lo desea.
Dentro del Partido Colorado la posición sigue siendo dividida en el Senado y Ope Pasquet participó del plenario de este miércoles, debido a que Robert Silva le cedió su lugar para que argumente por el proyecto del que fue principal impulsor.
En su palabra, aseguró que se trata de un proyecto que permite a las personas "que padecen sufrimientos insoportables por causas de enfermedades incurables, decidir libremente acerca del final de su vida y contar con la ayuda médica para ejecutar su decisión. La ley es necesaria, porque hay personas sobre las que recayó la desgracia de una enfermedad para la que la ciencia no tiene cura, que saben que no hay luz al final del túnel y que mientras esperan ese final, sufren terribles dolores físicos, sufren moralmente porque pierden autonomía y necesitan de otros para todo".
Afirmó que "la pregunta crucial es si una persona adulta y en su sano juicio tiene derecho a morir cuando lo decida o tiene el deber de vivir hasta que le llegue la muerte natural".
"Nuestra propuesta no le impone nada a nadie. Respeta la pluralidad de opiniones y creencias sobre este asunto", insistió Pasquet. "Es libertad para elegir, eso es lo que reclamamos. El que quiera eutanasia que la pida, y el que no la quiera, que la rechace. No va a venir ninguna autoridad a clasificar a los pacientes en eutanasiables y no eutanasiables. Esta es una falsedad que se ha repetido una y otra vez. La decisión es absolutamente privativa de la persona de cuya vida se trata. Si está en la situación prevista por la ley se dará trámite a su pedido y si no, no", remarcó y se refirió también a la libertad del equipo asistencial con su objeción de conciencia.
Desde el Frente Amplio aportaron al proyecto que se votó este miércoles. Uno de los defensores del proyecto es Daniel Borbonet y afirmó que su posición es por "la libertad, la dignidad y la autonomía de las personas que a través de este proyecto de ley, que fue resultado de un proceso extenso, serio, democrático y deliberativo, puedan decidir como un derecho lo que ellos desean hacer".
"Este proyecto no obliga a nadie, ofrece una alternativa que hoy no hay", sostuvo y respaldó que es un proyecto garantista.
Por su parte, el senador blanco, Javier García, cuestionó la denominación de "muerte digna" al proyecto. "La pregunta es bajo qué parámetros se fija la indignidad al morir. Quién es la autoridad política, jurídica, médica que determina que una vida es indigna. Cuál es el parámetro, cuál es el protocolo", sostuvo y cuestionó el concepto de libertad aplicado por quienes están a favor del proyecto.
"Una persona enferma tiene su libertad limitada, cualquiera, no es verdad que todos tenemos la misma libertad. El que está sano y el que tiene un cáncer tienen libertades diferentes", dijo. "El Estado no debería hacerse cargo de la muerte sin hacerse cargo de la vida. La ley tendría que tener la misma potestad para ofrecer la capacidad de vivir que la que ofrece el proyecto de ley actual", agregó.
Aseguró que "no ofrece garantías" ni para el paciente ni para el equipo de salud, por poder ser "sometido a un jurado". En ese sentido cuestionó que se actúe después de que se produzca la muerte.
Es "una ley mala desde el punto de vista técnico, que tiene muchas y graves inconsistencias, que evita derechos, que quita derechos y que pone al equipo médico y al equipo de salud en un riesgo muy importante".
Fuente: Subrayado Portal