Según informo el colega Alexis Trucido en Telenoche, la Justicia dispuso prisión preventiva por 120 días para la dueña de un residencial ubicado en la localidad de Fray Marcos, en nuestro departamento por este caso.

Esta persona fue imputada por varios delitos vinculados a agresiones y presuntas situaciones de explotación contra residentes.

El caso comenzó tras la denuncia de una mujer de 69 años que se encontraba en situación de calle y que logró escapar del establecimiento. La víctima fue hospitalizada. Según la investigación de Fiscalía y Policía, permanecía encerrada, era golpeada y obligada a realizar tareas domésticas pese a tener un brazo dislocado.

Fiscalía le atribuyó, en calidad de autora, la presunta comisión de un delito continuado de violencia privada, lesiones graves, dos delitos de omisión de asistencia, privación de libertad, desacato, reiterados delitos de abuso de la inferioridad psicológica de personas incapaces y reiterados delitos de abandono de personas incapaces.

De acuerdo a la investigación, la mujer estaba en situación de calle en Casupá cuando en diciembre de 2025 fue trasladada al residencial, en circunstancias que aún se indagan. En una primera etapa el trato habría sido adecuado, pero luego comenzaron episodios de agresiones, amenazas y exigencias para realizar tareas de limpieza tanto en el residencial como en la vivienda particular de la imputada, sin remuneración.

La Fiscalía sostiene que la víctima fue obligada a gestionar préstamos cuyo dinero quedaba en poder de la propietaria. También se le habrían retenido la pensión y la tarjeta de débito.

La denuncia indica que permanecía bajo llave en una habitación con ventana enrejada en la vivienda de la imputada. Cuando fue encontrada por un testigo que alertó a las autoridades, hacía más de dos días que no comía. La Policía intervino para recuperar su cédula y tarjetas, que estaban en poder de la propietaria. También se constató la retención de documentación de otros residentes.

En el allanamiento del establecimiento se identificaron al menos 29 personas alojadas.

Ante la situación, se dio intervención a la Fiscalía de Familia Especializada, al Ministerio de Desarrollo Social (Mides), a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y a la Unidad de Víctimas de Fiscalía.