Un juez español decidió enviar a juicio con jurado popular a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y le impuso medidas cautelares que incluyen la retirada de su pasaporte, la prohibición de salir del país y una comparecencia quincenal ante el juzgado. La decisión quedó plasmada en un auto difundido este sábado por el magistrado Juan Carlos Peinado, que instruye la causa desde abril de 2024.

La resolución llega después de la audiencia preliminar celebrada el lunes, en la que las acusaciones populares encabezadas por la organización ultraconservadora Hazte Oír reclamaron las medidas cautelares por considerar que existía riesgo de fuga. La Fiscalía se había opuesto a ese pedido, al igual que las defensas, que sostuvieron de manera reiterada que no había motivos para continuar con la causa.

Peinado decidió procesar a Gómez por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. La misma decisión recayó sobre su asesora, Cristina Álvarez, acusada de los mismos delitos, y sobre el empresario Juan Carlos Barrabés, procesado por tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

La causa contra Gómez fue abierta por Peinado para investigar posibles delitos de apropiación indebida y corrupción en los negocios vinculados a una cátedra pública de la Universidad Complutense de Madrid que ella codirigía. La denuncia que dio origen a la investigación fue presentada por el autodenominado sindicato Manos Limpias, que basó su presentación en informaciones publicadas en la prensa.

Desde la Presidencia del Gobierno español, fuentes del palacio de la Moncloa señalaron a la agencia EFE que las decisiones del magistrado sobre Gómez evidencian “la persecución, la obsesión y la desproporción” de Peinado, y agregaron que la instrucción de la causa carece de todo sentido jurídico y responde únicamente a motivos políticos.

En el auto, el juez sostiene que de las diligencias practicadas se desprenden “indicios racionales de criminalidad de un hecho delictivo” y advierte que cuanto mayor es la gravedad de la pena, más intensa puede ser la tentación de fuga. Peinado también planteó que los agentes de la escolta de Gómez podrían colaborar, por propia iniciativa o por orden de sus superiores, en una eventual fuga de la acusada, una afirmación que desde la Moncloa calificaron como “otro ejemplo del despropósito” del magistrado.

El juez fundamentó el procesamiento en que Gómez se habría aprovechado de su condición de esposa del presidente en beneficio propio y remató: “Las conductas que provienen de palacios presidenciales, como este supuesto, parecen más propias de regímenes absolutistas, por suerte, ya olvidados en el tiempo en nuestro Estado”.

Montevideo Portal