El Parlamento aprobó un régimen especial de subsidio por desempleo para los trabajadores citrícolas enviado por el Poder Ejecutivo. El proyecto tuvo un trámite exprés: fue votado de mañana en el Senado y de tarde en la Cámara de Diputados.

El beneficio alcanza a quienes trabajan en la cosecha, en las plantas de empaque y en la industria del jugo, un sector zafral que deja a buena parte de su personal sin ingresos cuando termina la temporada. Tendrá una cobertura de hasta 90 días, con plazo hasta el 31 de marzo del año próximo, y llegará a más de 2.600 trabajadores, principalmente de Salto y Paysandú.

Desde la Unión de Trabajadores Industriales de Azucitrus (UTIA), su dirigente Melvin Nievas indicó que esperan empezar a cobrar en noviembre. Una vez que eso ocurra, el sindicato planea iniciar conversaciones con los diputados para discutir los próximos pasos.

En el Senado, la moción fue presentada por el frenteamplista Óscar Andrade, quien planteó que parte del debate pasa por cómo usar este instrumento para proteger a un sector especialmente vulnerable. El senador reclamó “una mirada más amplia para estos sectores”.

En Diputados, el frenteamplista salteño Álvaro Lima destacó la disposición del Poder Ejecutivo para atender el problema y aseguró que el gobierno seguirá negociando soluciones de largo plazo en los Consejos de Salarios. Según el legislador, la ley responde a “una necesidad urgente para sostener los ingresos de miles de familias de Salto y la zona norte”.

Su compañero de bancada, el sanducero Juan Gorosterrazú, valoró la rapidez de la propuesta y se mostró esperanzado de que, en estos tres meses, la mayoría de los trabajadores consiga otro empleo. El diputado celebró que hubiera habido “un rápido trámite parlamentario en la mañana en Senadores y en la tarde en Diputados”.

Aunque la iniciativa contó con apoyo de todos los partidos, la oposición cuestionó que la cobertura sea menor que la de años anteriores. Tradicionalmente, el subsidio especial para el sector abarcaba 120 jornales o seis meses, y esta vez el plazo se redujo a 90 días y se limitó la cantidad de jornales cubiertos.

El colorado Walter Verri sostuvo que los trabajadores quedarán desprotegidos entre febrero y mayo, ya que la zafra va de fines de marzo o abril hasta octubre, pero la cosecha no arranca hasta mayo. Para el diputado, el límite de 90 días se fijó para no incomodar al Ministerio de Economía. “Es insólito”, opinó.

En la misma línea, el nacionalista Fermín Farinha recordó que la decisión de otorgar estos seguros corresponde exclusivamente al Poder Ejecutivo y pidió que se consulte a los ministerios de Trabajo y de Economía por qué se acortó la cobertura. El legislador también criticó al gobierno por ofrecer “discursos y anuncios” sin una propuesta concreta.

Por su parte, su correligionario Pablo Constenla adelantó que su bancada votaría el proyecto para que los pagos no se demoren, aunque lo calificó como más restrictivo que las versiones anteriores. Además, le pidió al Banco de Previsión Social (BPS) que agilice los trámites antes de las fiestas de fin de año.

El colorado salteño Horacio de Brum también acompañó, pero advirtió que los sindicatos y los jornaleros del norte están disconformes con el recorte. Según el diputado, no hay razones técnicas ni económicas sólidas para reducir la protección en un sector clave para las exportaciones y reclamó una legislación definitiva en lugar de soluciones temporales. “La ley tiene que servirle de verdad a la gente”.

A raíz de los cuestionamientos, una comisión de Diputados recibirá el próximo martes a representantes de los ministerios de Trabajo y de Economía para analizar el recorte y una posible extensión del beneficio.

El régimen especial para los citrícolas existe desde octubre de 2016, cuando el Parlamento aprobó por unanimidad un seguro de paro específico para los trabajadores de la cosecha y el empaque, un sector de alta zafralidad y baja calificación formal.

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