La Federación Rural respondió críticamente a la propuesta de Pedro Apezteguía, que plantea crear un impuesto departamental del 2 a 2,5% sobre la enajenación de productos agropecuarios o minerales, calculado en base a precios internacionales. 

Según el autor de la propuesta, este mecanismo permitiría multiplicar por cuatro los fondos destinados a la caminería rural, pasando de US$ 40 millones anuales a unos US$ 160 millones. 

El texto cuestiona la iniciativa por varias razones. En primer lugar, señala que el tributo no guarda relación con el hecho que pretende gravar: el desgaste de los caminos depende del peso por eje y no del valor de la carga. Así, se generarían distorsiones entre productores que usan más o menos la caminería departamental, sin que el impuesto refleje ese uso real. Además, se advierte que el hecho generador es idéntico al del Imeba, lo que implicaría duplicar un impuesto ya existente bajo otro nombre.

También se refuta la idea de que las intendencias no reciben aportes de la producción: se mencionan la Contribución Inmobiliaria Rural, patentes de rodados, guías de tránsito, el impuesto al 1% sobre semovientes y el Imesi del gasoil, entre otros. El problema, se afirma, no es de recursos sino de gestión, dado que las intendencias ya reciben fondos nacionales y créditos internacionales, pero gran parte del gasto se consume en retribuciones personales. 

El texto considera inviable el fondo interdepartamental que requeriría unanimidad del Congreso de Intendentes, y critica que la propuesta focaliza la carga en el sector agropecuario, sin incluir a otros usuarios de la caminería. Se sugieren alternativas como mayor coparticipación constitucional o destinar parte del Imesi ya recaudado.

Finalmente responde a la fábula de Esopo usada por Apezteguía, recordando que el productor rural ya ha puesto “el hombro en la rueda” con inversiones y tributos múltiples. Antes de exigir US$ 160 millones adicionales, corresponde auditar y mejorar la gestión de los recursos existentes.

 

 
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