Dos operadores penitenciarios, trabajadores del INR (Instituto Nacional de Rehabilitación), fueron imputados por ingresar droga y celulares a la cárcel de Punta de Rieles.

La jueza especializada en Crimen Organizado, María Helena Mainard, a pedido de la fiscal de Estupefacientes, Stella Llorente, imputó a J.S. y M.R. como autores de un delito continuado de cohecho calificado agravado, por tratarse de personal penitenciario en reiteración real con un delito de entrega de sustancias estupefacientes prohibidas agravado por haberse cometido en un establecimiento carcelario.

Como medida cautelar se dispuso la prisión preventiva por 120 días.

En tanto, J.M.D.R., un civil involucrado en los hechos, fue formalizado por un delito de asistencia a las actividades del narcotráfico a una pena de 12 meses de prisión, que se cumplirá bajo el régimen de libertad a prueba.

Además, deberá cumplir seis meses de tareas comunitarias con una carga horaria de 12 horas semanales.

 

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