El director de Servicios Jurídicos del Ministerio de Salud Pública (MSP), Martín Esposto, renunció a su cargo tras la polémica generada por la revocación de la resolución de la ministra Cristina Lustemberg, que había reducido de cinco a tres años la sanción a la anestesista Inés Miralles, condenada por mala praxis por la muerte de la pediatra Soledad Barrera meses después de una cirugía.
De acuerdo a la información a la que accedió Subrayado, Esposto presentó su renuncia ante la Dirección General de Secretaría del MSP, a cargo de Rodrigo Márquez, y la ministra Lustemberg ya fue informada del hecho.
Esposto renunció por sentirse abrumado con el caso Miralles y la revocación dispuesta en acuerdo entre el presidente Yamandú Orsi y la ministra Lustemberg.
El 1º de octubre de 2025, la ministra de Salud Pública resolvió la reducción de la inhabilitación a Miralles de cinco a tres años. En tanto, el 10 de noviembre de 2026, una nueva resolución dispuso que se volviera a la sanción inicial de cinco años, que había sido ratificada por la Comisión Honoraria de Salud Pública. La reducción de la inhabilitación había provocado la renuncia de la mayoría de sus integrantes.
La resolución del 10 de noviembre se tomó tras un informe de Jurídica del MSP a Presidencia de la República del 28 de octubre, ante el surgimiento de nuevos elementos que llevaron a revertir la decisión y volver a la sanción inicial. Entre esos elementos, están el recurso de revocación presentado por la madre de Barrera, los acuerdos en la justicia civil y penal por 70.000 dólares con la mutualista y la anestesista, un informe del Departamento de Medicina Legal y Ciencias Forenses a Fiscalía que señala errores y omisiones de Miralles que se ausentó de la operación, y la investigación administrativa dispuesta por Sociedad Médica Universal que marcó "supuestas actitudes irregulares" de la anestesista, que motivaron una investigación interna y que desde abril de 2024 no fue convocada a ninguna cirugía.
"Fundamentalmente los elementos probatorios que no se tenían a esa fecha y hoy sí se tienen y son los que en definitiva imponen realizar una revisión de lo oportunamente resuelto", afirmó el informe firmado por Esposto y remitido a fines de octubre a Presidencia.
"Se impone en el caso reconsiderar los hechos, a la luz de la nueva probanza recabada en forma posterior al dictado de la resolución y que fue en parte, aportada por la recurrente", agrega el informe, y que "no hizo otra cosa que agravar los hechos oportunamente denunciados y adoptando el criterio de razonabilidad".
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