El Colegio de Abogados del Uruguay manifestó su rechazo a las prácticas atribuidas a los cuatro abogados judicializados en el marco de la Operación Carancho, vinculada a la filtración de datos personales de víctimas de siniestros de tránsito para contactarlas y ofrecerles asesoramiento legal para el cobro del Seguro Obligatorio de Automotores (SOA).

A través de una declaración, la institución reivindicó su “compromiso permanente con la dignidad de la profesión” y la defensa de los más altos estándares de conducta en el ejercicio de la abogacía.

El Colegio sostuvo que la abogacía es “ante todo, una profesión de servicio hacia las personas y la justicia” y que quienes ejercen la profesión deben actuar con probidad, lealtad, independencia y respeto al ordenamiento jurídico.

Asimismo, remarcó que el análisis ético de la conducta de los profesionales es independiente de la investigación penal, en la que deben preservarse las garantías de los indagados, el debido proceso y la reserva de las actuaciones.

En referencia específica al caso, recordó que el Código de Ética para la Abogacía Nacional reprocha expresamente que los abogados, directamente o mediante terceros, se dirijan a víctimas de accidentes recientes. La norma considera que estas personas “carecen de plena y serena libertad para la elección de abogado” debido a que atraviesan una situación de desgracia personal o colectiva.

“La ética no es un complemento del ejercicio profesional: es su esencia misma”, señaló el Colegio.

Finalmente, la institución calificó las prácticas atribuidas a los abogados judicializados como “incompatibles e inaceptables con el ejercicio de la abogacía”. La declaración fue firmada por el presidente del Colegio de Abogados del Uruguay, Florencio Macedo, y el secretario, Álvaro Acordagoitia.