El periodista Nicolás González Keusseian divulgó en el noticiero Informativo Carve el resultado de una investigación acerca de los dos inmuebles linderos que el presidente Yamandú Orsi y su esposa, Laura Alonsopérez, poseen en la costa de Canelones, y en los cuales residen.

La pesquisa constató una deuda vencida del Impuesto de Primaria en una vivienda adquirida en 2024 y la existencia de mejoras que no figurarían actualizadas en la información catastral de otra propiedad adjudicada a su esposa.

La investigación señala que la familia reside en la zona de Pine Park, en Salinas, donde posee dos inmuebles contiguos. Uno de ellos fue adquirido en 2010 y, tras una partición de bienes realizada el 27 de febrero de 2025 —días antes de la asunción presidencial—, quedó adjudicado a la esposa del mandatario, Laura Alonsopérez. En esa operación, Orsi figura como copartiente.

La segunda vivienda fue comprada en octubre de 2024. De acuerdo con la investigación, el mandatario destinó a esa adquisición US$ 140.000 provenientes de una herencia familiar, tras el fallecimiento de su madre y la cesión de derechos hereditarios por parte de su hermana, información que había sido publicada previamente por el semanario Búsqueda. De acuerdo con el informe, anteriormente Orsi y su familia “solían alquilar” esa propiedad vecina a su casa.

La compraventa quedó inscripta el 31 de octubre de 2024, mientras que la última declaración jurada presentada ante la Dirección Nacional de Catastro respecto a ese padrón data del 6 de agosto de ese mismo año, y se hizo probablemente en el marco de los trámites previos a la operación.

El citado noticiero accedió al número de padrón de la segunda propiedad y verificó su situación tributaria mediante documentación solicitada a la Dirección General de Registros, con un escribano.

De acuerdo con esa consulta, el inmueble mantenía impago todo el ejercicio 2025 del Impuesto de Primaria por $ 3.327, además de la primera cuota de 2026, vencida el 31 de mayo, por $ 1.160. A ello se sumaban multas por $ 782 y recargos por $ 340.

La segunda cuota de 2026 también figuraba en el sistema, aunque aún no estaba vencida. En consecuencia, la deuda exigible ascendía a $ 5.609.

Observaciones sobre la situación catastral

El segundo punto de la investigación refiere a la vivienda adquirida por la familia en 2010.

La documentación catastral disponible indica que el inmueble registra una superficie edificada total de 198 metros cuadrados, distribuidos entre la vivienda principal, porche, cubierta, casilla, garaje y barbacoa.

Sin embargo, la última declaración jurada presentada ante Catastro corresponde a 2008 y actualmente se encuentra vencida.

Según el informe difundido esta mañana por Informativo Carve, imágenes satelitales de Google Earth muestran que entre 2018 y comienzos de 2019 se realizaron obras en el patio de la propiedad que podrían corresponder a una piscina y a una nueva construcción o ampliación.

El periodista a cargo del informe aclaró que no accedió físicamente al predio y que una cerca rodea ambas casas linderas, impidiendo la vista desde el exterior y que su análisis se basa exclusivamente en la comparación entre las imágenes satelitales y la documentación catastral disponible.

A partir de mediciones realizadas mediante Google Earth, estimó que existirían aproximadamente 48 metros cuadrados de superficie construida o intervenida que no figuran reflejados en la información catastral consultada.

El procedimiento también fue contrastado mediante imágenes disponibles en el Sistema Nacional de Información Ganadera, dependiente del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, desde donde se indicó que las imágenes utilizadas son públicas y que, según la zona, pueden tener una antigüedad de entre tres y cinco años.

De confirmarse, la falta de actualización podría incidir en el cálculo de tributos como el Impuesto de Primaria y la Contribución Inmobiliaria.

La respuesta del entorno presidencial

Antes de publicar la investigación, el noticiero consultó directamente al presidente y posteriormente a su equipo de comunicación.

La respuesta fue brindada por Camilo Cejas, colaborador cercano del mandatario. Respecto a la deuda del Impuesto de Primaria, sostuvo que ya había sido cancelada. “Está regularizada. Siete mil y algo de pesos abonó”, indicó.

Consultado sobre la fecha del pago, respondió: “A partir de tu mensaje, entró y pagó”.

La respuesta confirmaría que la deuda permanecía impaga al momento de la consulta periodística y que fue abonada posteriormente.

En cuanto a las observaciones sobre la vivienda familiar, Cejas aseguró que “todas las obras fueron declaradas y pagado todo en el BPS” y agregó que “se está en trámites de actualización de planos en la Intendencia para eventual actualización en Catastro”.

También afirmó: “Está en trámite el tema. La casa tuvo obras que no requieren de Catastro porque no modificó metraje, sino aberturas. Pero ya le encargó a la arquitecta que revise y mañana [este lunes] lo haga”.

La opinión de técnicos

Una economista consultada por el noticiero señaló que la regularización de una obra ante el Banco de Previsión Social es independiente de los trámites que deben realizarse ante Catastro y la intendencia correspondiente.

Según explicó, “haber declarado la obra en el BPS nada tiene que ver con la declaración a Catastro” y agregó que hacerlo ante el organismo previsional únicamente acredita que la construcción no fue realizada de manera informal.

En concreto, el pago al BPS demuestra que no se hizo la obra “en negro”.

Por otra parte, un arquitecto consultado por la emisora indicó que una piscina constituye una obra de construcción que debe incorporarse a los planos correspondientes y declararse ante Catastro, además de cumplir con las exigencias municipales para su regularización cuando fue construida con posterioridad a la edificación original.



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