El Poder Ejecutivo remitió al Parlamento el proyecto de ley de Rendición de Cuentas, junto con una exposición de motivos elaborada por el Ministerio de Economía y Finanzas.

El documento detalla reasignaciones presupuestales por $ 1.837 millones (cerca de US$ 45 millones) para 2027 —de los cuales $ 975 millones se incorporan como gasto permanente a partir de 2028— hacia infancia y adolescencia, seguridad, educación y atención a personas en situación de calle.

Según la exposición de motivos, los recursos adicionales tienen dos fuentes de financiamiento: reasignaciones dentro del presupuesto y mayores ingresos derivados de una reducción del gasto tributario vinculado a la compra de vehículos eléctricos e híbridos, junto con nuevas estimaciones de las medidas impositivas ya aprobadas en el Presupuesto.

Entre las reasignaciones, el proyecto quita al Instituto Nacional de Colonización el 50% de los créditos presupuestales destinados a la compra de tierras, lo que equivale a $ 434 millones (poco más de US$ 10 millones) para 2027. También se dispone la supresión de vacantes en la administración central por $ 891 millones (cerca de US$ 22 millones) entre 2027 y 2029, con los mayores ahorros concentrados en Presidencia, MEF, MTOP y MEC.

A eso se suma una reducción del 50% en los créditos de misiones oficiales y gastos de protocolo, por $ 82 millones en 2027 y $ 84 millones en 2028 y 2029 (aproximadamente US$ 2 millones), y una optimización de gastos de funcionamiento en cada inciso por $ 430 millones (más de US$ 10 millones) para 2027.

El documento repasa, además, el impacto de las medidas de “desempapelamiento” impulsadas por el gobierno desde 2025. Una primera batería, anunciada en junio de ese año, incluyó la autocertificación de origen, la eliminación de licencias administrativas y certificados redundantes, la eliminación de los adelantos especiales de IRAE y de la tasa ANSE, la reducción del “impuesto LATU” a las exportaciones y la implementación del régimen de drawback, entre otras medidas.

Según la exposición, estas reformas afectaron al 75% de unos 800.000 documentos que se integran al comercio exterior: un 25% fue eliminado, un 29% digitalizado, un 7% sustituido por declaraciones y un 15% mejorado en sus procesos, con una reducción de costos estimada en US$ 20 millones.

En marzo de 2026 el gobierno lanzó un segundo bloque de medidas de facilitación del comercio exterior, con lo que el ahorro total de ambos paquetes llegó a los US$ 40 millones. El MEF contabiliza además un ahorro por única vez de $ 11 millones para 2027 vinculado a este proceso.

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