La Justicia de Rivera condenó a tres personas e imputó a otras dos como resultado de la Operación Orejanos, un operativo que permitió desbaratar una organización dedicada al contrabando de caballos desde Brasil con destino a frigoríficos del sur del país. La investigación determinó que la red ingresó ilegalmente unos 5.000 equinos a Uruguay.

Según informó el Ministerio del Interior, el operativo incluyó ocho allanamientos simultáneos en Rivera, Vichadero y Treinta y Tres, y culminó con la detención de cinco personas. La investigación permitió determinar que la gran mayoría de los equinos provenían de Brasil y eran introducidos a Uruguay mediante distintas modalidades para su posterior remisión a plantas de faena del sur del país.

El Juzgado Letrado de Primera Instancia de Rivera de Primer Turno dispuso la condena de tres de los detenidos. R.G.R.G. fue hallado autor penalmente responsable de reiterados delitos de falsificación ideológica por un particular; M.R.M. fue condenado como autor de un delito de receptación en reiteración real con un delito de tenencia no autorizada de arma de fuego, y M.A.R.C. resultó condenado como autor de un delito de contrabando y como coautor de un delito de falsificación ideológica por un particular. Los tres deberán cumplir una pena de 12 meses de prisión en régimen de libertad a prueba.

Por otra parte, otros dos hombres mayores de edad fueron imputados por la presunta comisión de reiterados delitos de falsificación ideológica por un particular, en calidad de autores. Ambos deberán cumplir arresto domiciliario por el plazo de 150 días mientras continúa la investigación.

Durante los allanamientos, la Policía incautó un rifle calibre 22, un rifle semiautomático calibre 22 y una pistola semiautomática 9 milímetros, además de 28 cartuchos calibre 22, ocho cartuchos calibre 9 milímetros y un cartucho calibre 22. También se secuestraron varias guías de propiedad y tránsito, cinco teléfonos celulares, 2.300 dólares en efectivo y cuatro equinos cuya procedencia no pudo ser justificada.

Según consignó La Diaria, la documentación adulterada era la pieza clave que permitía a la organización blanquear el tránsito de los animales, sortear los controles viales interdepartamentales y darles una aparente procedencia legal antes de su ingreso a las plantas de faena.

En el operativo también participaron funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas y de Barreras Sanitarias, y en una inspección a un comercio de insumos agropecuarios vinculado a uno de los investigados se halló mercadería en infracción aduanera y sanitaria.

Inspectores técnicos del Instituto Nacional de Carnes (INAC) y del MGAP advirtieron en declaraciones a medios locales que la faena legal exige “marcas, registros rigurosos y documentación de origen”. La Fiscalía y la Policía de Rivera mantienen abiertas las líneas de investigación para identificar a otros posibles acopiadores en los departamentos del norte del país.





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