Uruguay gastó US$ 155 millones en medicamentos de alto costo en 2023, según un estudio de CPA Ferrere, lo que equivale al 3% del gasto público total en salud para ese año.

El estudio fue realizado por dicha consultoría a pedido de la compañía farmacéutica Roche “con el objetivo de contribuir a la disponibilidad de información objetiva y basada en evidencia sobre una temática cada vez más relevante para el sistema de salud y la agenda pública”, según el informe.

Asimismo, de esos US$ 155 millones, casi la mitad (el 48,5%, lo que se traduce en US$ 75.175.000) fue cubierto por el Fondo Nacional de Recursos (FNR). El gasto restante se explica por el acceso vía recursos de amparo, indicó la auditora.

Este método para acceder a los medicamentos aumentó un 1.800% entre 2018 y 2025, alertó Ferrere. Esto se da “en un contexto en el que el desarrollo de nuevas tecnologías sanitarias es más rápido que la velocidad en que el sistema puede incorporarlas a la cobertura universal”, añadió en el estudio.

“Genera tensión entre cobertura, financiamiento y acceso a los medicamentos, aunque este último se ha visto garantizado para una parte de la población por el mecanismo de los amparos”, continúa el reporte.

Esto genera que los recursos de amparo “distorsionen el control” de la política sanitaria del Estado.

Así, Ferrere generó propuestas en torno a tres ejes para un mejor manejo de esta clase de medicamentos. Dichos lineamientos son qué tecnologías médicas y bajo qué procedimientos deben incorporarse estos medicamentos a la cobertura universal; cómo debe financiarse su adquisición, y que estos procesos y el uso de los mecanismos de compra estén “basados en resultados clínicos o financieros”.

En primer lugar, pues, la consultora sugirió incorporar un nuevo anexo denominado Formulario Terapéutico de Medicamentos – Acceso Rápido (FMT-AR) “para facilitar y agilizar el acceso a nuevas tecnologías”. Por otro lado, Ferrere reconoció “un menú de instrumentos potenciales” para el financiamiento de los medicamentos de alto costo: rentas generales, copagos, incrementos de aportes al Fondo Nacional de Salud y el ahorro o eficiencias en el Sistema Nacional Integrado de Salud.

“El financiamiento y el acceso involucra dimensiones de ética, justicia y equidad. No existen mecanismos de financiamiento óptimos en sentido económico, ya que todos encierran trade-offs entre distintas dimensiones”, reconoció la consultora.

Finalmente, Ferrere recomendó “fortalecer los procesos centralizados de adquisición” de medicamentos de alto costo para “maximizar la eficiencia económica de las compras”. “A su vez, parece importante que para los tratamientos incluidos en el FTM-AR se promueva el uso de mecanismos de compra (entre el administrador del Fondo y los proveedores de medicamentos) basados en resultados clínicos y/o financieros y otros acuerdos innovadores”, añade la publicación.

De esta forma “se reducen los incentivos a la promoción” de medicamentos que “no son efectivos al tiempo que, tratándose de medicamentos cuyo costo efectividad no ha sido evaluada aún, se ‘premia’ a los medicamentos más costo efectivos”, concluyó Ferrere.

 

 

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