A dos semanas del anuncio sobre el inicio de los trámites para la rescisión del contrato con el astillero español Cardama para la construcción de dos patrullas oceánicas tipo OPV, se conoció un nuevo aspecto acerca del asunto que generó mayor conflictividad entre las partes: la garantía de fiel cumplimiento.

Como es de público conocimiento, el gobierno presentó una denuncia penal porque la entidad que respaldaba los avales de la compañía viguesa era el Eurocommerce Bank, una entidad “fantasma” que no tuvo actividad ni empleados en el último tiempo y que fue disuelta en las últimas horas por el registro mercantil del Reino Unido.

Según informó Búsqueda este jueves, Cardama intentó quitar durante la negociación del contrato con el Estado uruguayo la obligatoriedad de presentar la garantía de fiel cumplimiento. En cambio, propuso que la penalización sea una retención de pagos.

Este aspecto fue advertido por Delpiazzo Abogados, el estudio contratado para asesorar al Estado en las negociaciones con el astillero español. En un correo electrónico, la firma sostuvo que el cambio que proponía Cardama para la versión final del contrato era incompatible con las leyes uruguayas.

Delpiazzo explicó que la normativa local exige “garantizar el fiel cumplimiento del contrato mediante depósito en efectivo o en valores públicos, fianza o aval bancario, o póliza de seguro de fianza, por un valor equivalente al 5% de la adjudicación” y que la retención de pagos “está habilitada como una medida para acrecer la garantía del 5%, pero no en sustitución de esta”.

 

Fuente: Montevideo Portal