El Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) emitió un decreto con el fin de “combatir la piratería en línea que afecta a la televisión para abonados y a quienes producen contenidos”, comunicó Presidencia.

“El decreto emitido se concibió para eliminar la difusión de señales de televisión emitidas a través de internet o redes similares, con fines comerciales no autorizados, que infringen las leyes 9.739, de propiedad literaria y artística, y 17.616, de protección a la propiedad intelectual”, informó Presidencia.

La normativa habilita a que los titulares de ese tipo de servicios (televisión para abonados o presenten ante la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) una denuncia y faculta al organismo a “adoptar medidas sancionatorias y preventivas en casos de difusión de servicios o señales audiovisuales a través de internet o redes similares, con fines comerciales”.

En diálogo con Presidencia, la presidenta de la Ursec, Mercedes Aramendía, dijo que lo que se busca es “combatir la piratería online que afecta directamente a la televisión por abonados y a los que producen contenidos”.

La jerarca explicó que una vez que Ursec recibe la denuncia tiene un plazo de cuatro días para “analizarla y proceder en consecuencia”.

Posteriormente, la Ursec tendrá un plazo de 60 días para tomar las medidas concretas que puede significar el bloqueo electrónico temporal que impida el acceso desde Uruguay a direcciones IP, dominios de internet y URL (localizador uniforme de recursos).    

En esta línea, el decreto establece que la Ursec podrá requerir a los proveedores de acceso a internet que brindan servicios en el país, que en un plazo máximo de cuatro días hábiles, realicen “bloqueo electrónico temporal de acceso desde el territorio nacional a las direcciones IP (protocolo de Internet) y/o dominios de Internet y/o URL (localizador uniforme de recursos), según corresponda, que sean utilizados para desarrollar tales actividades presuntamente ilícitas en forma excepcional, con carácter provisorio, revocable y por un plazo no mayor a 30 (treinta) días corridos, y sujeto a revisión judicial”.

En tanto, el director de la Ursec por el Frente Amplio, Pablo Siris, dijo que la medida es de “dudosa legalidad y de difícil aplicación”.

“Entiendo que la norma puede lesionar derechos fundamentales como el derecho a la libertad de expresión y al debido proceso, pilares fundamentales de nuestro sistema de garantías y libertades. Más allá de la comercialización, la obtención de lucro o la apropiación de manera ilegal de los derechos de autor o de la violación de la propiedad intelectual. La norma sanciona la mera difusión de contenidos audiovisuales, lo cual podría ser extremadamente discrecional y de muy difícil aplicación, exponiendo a la administración a diversos contenciosos”, argumentó Siris en diálogo con Montevideo Portal.

 

 

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