A fines de agosto, un mes después de haber anunciado que cortarían 11.500 asignaciones familiares a quienes no enviaban a los menores a centros educativos, el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, aseguró que habían revinculado a 4.084 estudiantes y que, entonces, solo cortarían 7.416 prestaciones. 

Pero no se trataba de revinculación ni de recuperación, sino de algo mucho menos rimbombante: los estudiantes que no perdieron su asignación ya estaban vinculados al sistema educativo.

Unos días después, cuando consumaron la medida que finalmente afectó a 7.430 beneficiarios, se supo que en total habían evitado cortar 4.158 asignaciones de las 11.588 que, originalmente, habían sido puestas en duda (a los números señalados por el ministro el 26 de agosto se sumaron algunos más antes del corte). 

¿Y ahora qué?

La fase siguiente estará enfocada en localizar a los 7.430 desvinculados y, ahora sí, tratar de que retomen sus estudios. ¿Pero por qué, entonces, dijeron que recuperaban a los que ya estaban en el sistema? Hay algunos debates en torno a eso. Algunas figuras de la oposición y actores del sistema —docentes, por ejemplo— aducen que es un modo de moralizar la política de transferencias y hacerla llevadera para todo un sector de la población que no está de acuerdo con la existencia de transferencias sin contraprestaciones. Otros, algo más indulgentes, postulan que se trata de una forma de interpretar.

El ex director de Evaluación y Monitoreo del Mides durante el último período del Frente Amplio, el magíster en demografía Juan Pablo Labat, sostiene que “es para dar señales a la derecha de que son duros con los pobres, a los que implícitamente consideran como atorrantes”. Para Javier Lasida, presidente del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, en cambio, se trata de “roles a cumplir y mandatos que otorgó la población”. En suma, de hacer lo que la gente pide y espera.

Sin embargo, el debate no gira en torno a si está bien o no el recorte —al menos no por ahora—, sino a la pertinencia de hablar de vinculados o no. Ana Verocai, directora de Integración Educativa de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), abocada desde hace algunos años a monitorear y poner en marcha el programa de trayectorias educativas, descarta que hayan sido revinculaciones: “Se trata de casos en los que detectamos que están vinculados de algún modo más o menos formal al sistema educativo”.

La forma en que están vinculados es muy variable y flexible: puede implicar asistencia a centros educativos o no; pueden ser tutorías, preparación para exámenes, realización de tareas, asistencia variable, y otro tipo de intervenciones. De lo que se trata, indica Verocai, es “de incorporar y que se logren mantener vinculados y garantizar así el derecho a la educación”. Buscan convocar a estudiantes que, por diversas problemáticas —personales, coyunturales, contextuales y hasta geográficas— no pueden matricularse en el sistema tradicional o formal. De allí, entonces, la supuesta desvinculación.  

Para el director nacional de Transferencias y Análisis de Datos del Mides, Antonio Manzi, sí es correcto decir que se revincularon, “porque en principio no figuraban en el sistema”. Pero el responsable de la División Socioeducativa del departamento de Programas Socioculturales del Mides, Gerardo Rumbo, coincide con Verocai: lo que se hizo fue “trabajar con los criterios para la consideración de un vínculo educativo”. Esto se hace acorde a la resolución N°5 Acta 38 de 2018 de ANEP, que establece diversos modos y límites para altas y bajas de Asignaciones Familiares.