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Vecinos denunciarán al gobierno por "tren de UPM"

Más de setenta vecinos molestos con el gobierno por el proyecto para el tren que utilizará UPM y preocupados por su eventual impacto, dada la cercanía de las vías férreas con sus viviendas, presentarán una acción judicial contra el Estado porque creen que el proyecto vulnera sus derechos y no les garantiza las mínimas medidas de seguridad.

Sonia Gómez, una de las vecinas de Sayago, que vive a media cuadra de las vías férreas, señaló que aprobaron presentar una denuncia ante la Justicia pero que aún no está definido el tipo de recurso. Podría ser una medida precautoria o un llamado a responsabilidad al Estado.

La segunda planta de celulosa de la empresa que se instalaría en Pueblo Centenario (Durazno) supone la inversión privada más grande en la historia del país y se espera que pueda generar más de 8.000 puestos de trabajo.

El proyecto consta de una planta con una zona franca, un proyecto ferroviario con 273 kilómetros de vías férreas que unirán Paso de los Toros y Montevideo (las obras comenzarán en enero) y una terminal de acopio en el puerto de Montevideo.

Al reclamo de vecinos de Montevideo, Canelones, Florida, Durazno y Tacuarembó afectados por las vías férreas se suman varios colectivos, entre ellos "Por el costado de la vía", el Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus) y UPM 2 No. Este jueves los vecinos se reunieron por espacio de cuatro horas en el Club Fénix en Capurro. Allí, además de criticar el proyecto del Ferrocarril Central también hubo consenso en llevar el caso ante la Institución Nacional de Derechos Humanos (Indhh).

Yanina Borloz, integrante de "Por el costado de la vía", que vive a 8 metros de la vía, dijo que todo el proceso del proyecto está plagado de incumplimientos. Por ejemplo, dijo que "se toman decisiones sobre distancias de las vías con respecto a las viviendas basadas en criterios caprichosos".

Explicó que al no existir una normativa nacional sobre seguridad que establezca las distancias entre las vías y las viviendas, el gobierno utiliza como mínimo una distancia de 3 metros y medio a 10 en la zona urbana y en la rural se basa en el Código Rural.

Por otro lado, Borloz, señaló que también denunciarán que ni la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) ni el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) realizaron estudios estructurales en las viviendas por la afectación de las vibraciones producidas por el paso del tren que realizará el recorrido unas siete veces por día. Además, los vecinos cuestionan el grado de afectación sonora.

"Se dice que no se puede prever y por otro lado cuando se plantean cuestiones de calidad de vida, seguridad, se plantea la preocupación porque queda en manos de las empresas", puntualizó Borloz. También cuestionó los antecedentes de la empresa española Sacyr, que integra el consorcio al que se adjudicaron las obras en las vías férreas.

También denuncian la falta de acceso a la información pública y la casi nula participación ciudadana en los proyectos. Y reclaman al gobierno la realización de estudios ambientales que evalúen los eventuales "impactos negativos" de la construcción y operación de los trenes que trasladarán celulosa y químicos.

A fines de diciembre, el gobierno realizó dos audiencias públicas con los vecinos, una en Montevideo y otra en Florida, en las que los asistentes manifestaron su rechazo a las autoridades de los ministerios de Transporte y Obras Pública y de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente por la proximidad de sus viviendas a las vías férreas por donde pasará el tren. El propio ministro Víctor Rossi fue increpado por vecinos por lo que consideran faltas de garantías y de respuestas por el proyecto.

 

 

Fuente: El Pais