Estado resarcirá a enfermera acusada de un asesinato

En 2012 el caso sacudió a Uruguay y tuvo repercusiones en Argentina, España, Estados Unidos e Inglaterra. Tres enfermeros fueron catalogados como "ángeles de la muerte" y acusados de matar a pacientes terminales.

La enfermera A.A. fue procesada con prisión ese año por complicidad de homicidio de un paciente terminal, pese a que siempre negó su participación. Posteriormente, fue acusada de un delito de encubrimiento.

Los otros dos enfermeros confesaron el delito y luego señalaron que lo hicieron porque sufrieron apremios físicos. Más tarde, la Justicia penal absolvió a los tres acusados en 2015. Un año después, un Tribunal de Apelaciones ratificó ese fallo. Son inocentes, dijo.

La enfermera A.A. estuvo presa 493 días y sometida a proceso penal por cuatro años y dos meses.

En la cárcel, un jerarca del Instituto de Rehabilitación Femenino (IRF) la instaló en el fondo del presidio, en unas barracas, para aislarla de otras reclusas.

Y le sugirió que dijera que había sido encarcelada por tráfico de drogas. Es que matar pacientes o niños son delitos que generan ira en la población reclusa. Poco tiempo después, la enfermera recibió amenazas de muerte.

El martes 6, el juez de lo Contencioso Administrativo, Gabriel Ohanian, condenó al Poder Judicial al pago de US$ 98.250 más intereses (aproximadamente unos US$ 130.000) a la enfermera por entender que esta sufrió una prisión indebida.

La demanda.

El reclamo de A.A., redactado por los abogados penalistas Fernando Posada y Andrés Ojeda, expresa que su defendida fue acusada pese a no existir prueba alguna en su contra. Los hijos de la enfermera, entonces de 12 y 15 años, no pudieron tener a la madre en ese momento tan importante de su vida, debiendo lidiar con el encierro y con el estigma de ser familiares directos de una "asesina serial" como quedó marcada ante la opinión pública, dice la demanda

Posada y Ojeda exigieron el pago de US$ 73.950 por daño moral. Solicitaron al juez Ohanian una indemnización equivalente a US$ 150 diarios por cada día de prisión. También pidieron US$ 15.000 por daño emergente y $ 2.431.438 por lucro cesante.

Esa cifra equivale a los salarios que la enfermera no percibió durante el tiempo que estuvo en prisión y la indemnización por despido.

Solicitaron, además, un resarcimiento por lucro cesante de $ 10.906.209 por los 207 meses que restan para que alcance los 65 años.

La réplica.

El Poder Judicial señaló que, en el momento del procesamiento de la enfermera, sí existían elementos de convicción suficientes requeridos por la ley para remitirla a la cárcel.

Recordó que el Tribunal de Apelaciones cuando decretó la inocencia de A.A. señaló que se contó con elementos que exigía el Código de Proceso Penal (CPP) para disponer el procesamiento. No cuestionó que la cobertura del caso haya afectado a la enfermera, pero advirtió que ello no era responsabilidad del Poder Judicial.

En cuando al daño reclamado, el Poder Judicial entendió que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo solo deberá considerar el que haya sido causado directamente por la prisión preventiva cumplida en exceso.

También dijo que el daño moral reclamado por la enfermera "resulta alto" de acuerdo a los parámetros establecidos por la jurisprudencia.

Y sostuvo que no correspondía calcular el lucro cesante futuro porque la demandante se encuentra capacitada para trabajar como lo hizo en una empresa en 2014 y 2015.

El fallo.

Ohanian cuantificó el daño moral en US$ 150 por día de prisión por la aflicción sufrida por la enfermera por la pérdida de libertad y por la notoria repercusión que el caso tuvo en todos los niveles de la sociedad.

El juez coincidió con Posada y Ojeda en que la situación "disvaliosa" que vivió fue producto de la prisión indebida donde fuera catalogada como "ángel de la muerte" y se genera por la actividad del Poder Judicial. Por ello la responsabilidad de los perjuicios deben imputarse al Estado y en consecuencia también su reparación, dijo el fallo de Ohanian.

El magistrado no hizo lugar al pedido de indemnización por despido ni por lucro cesante.

El Poder Judicial aún tiene plazo para apelar la sentencia.

 

 

Fuente: El Pais