>

Bolsonaro flexibiliza la tenencia de armas: "El pueblo lo decidió"

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, firmó ayer martes un decreto que facilita el acceso de los "ciudadanos de bien" a las armas de fuego, una de sus principales promesas de campaña, que según sus detractores incrementará los ya disparados índices de violencia en el país.

"Para garantizar el legítimo derecho a la defensa, como presidente voy a usar esta arma", dijo Bolsonaro mostrando un bolígrafo Bic con el que firmó el decreto, que entra en vigor inmediatamente sin necesidad de pasar por el Congreso, durante una ceremonia en el palacio de Planalto, en Brasilia.

Acompañado por parte de su gabinete, entre ellos el ministro de Justicia Sergio Moro, uno de los redactores del decreto, Bolsonaro dijo que la medida "restaura lo que el pueblo quiso en 2005".

"Como el pueblo soberanamente decidió en ocasión del referéndum de 2005, para garantizarles ese legítimo derecho a la defensa, yo, como presidente, voy a usar esta arma", afirmó Bolsonaro al mostrar el bolígrafo.

"Infelizmente, en la época, el Gobierno (de Luiz Inácio Lula da Silva) se valió de decretos y normas para negar ese derecho" que la sociedad había "reclamado" en el referendo, apuntó.

 

Pago de una promesa a la clase media

En 2005, casi el 64% de los brasileños rechazó por referéndum una ley que pretendía establecer una prohibición total de la venta de armas.

El decreto, que flexibiliza el "Estatuto del Desarme" de 2003, deja intactos algunos criterios para obtener el permiso de poseer armas: ser mayor de 25 años, no tener antecedentes criminales, tener una ocupación lícita y ser capaz de demostrar la capacidad técnica y psicológica para su uso.

Pero incluye entre los motivos de "efectiva necesidad" para tener un arma en casa a los "residentes de áreas rurales" y los "residentes en áreas urbanas con elevados índices de violencia", con una tasa de homicidios mayor a 10 por cada 100.000 habitantes, lo que en la práctica afecta a todo el país.

Brasil es uno de los países más violentos del mundo, con un récord de 63.880 homicidios en 2017, un promedio de 175 por día y una tasa de 30,8 por cada 100.000 habitantes.

El decreto permite que civiles puedan comprar hasta cuatro armas e incluso más si "otros hechos o circunstancias" lo justifican. Además, facilita la posesión de armas a los "titulares o responsables legales" de establecimientos comerciales o industriales. Y amplía de cinco a diez años la vigencia de cada registro. El decreto expirará a menos de que sea ratificado por el Congreso en un plazo de 120 días.

Bolsonaro recordó que el decreto "trata específicamente" de la posesión de armas de fuego, y no del porte fuera del domicilio, algo de lo que el mandatario se ha manifestado a favor.

"Otras cosas dependerían de un cambio en la ley", recordó el presidente, que tiene un amplio apoyo de los diputados del lobby de la seguridad, conocido como "bancada de la bala".

El porte de armas seguiría entonces reservado principalmente a militares, policías y personal de seguridad.

En su programa electoral, Bolsonaro definió las armas "como objetos inertes que pueden ser usados para matar o salvar vidas" y recuerda que, en países como Estados Unidos, Alemania, Noruega o Suiza "hay armas de fuego en casi todas las casas", pero con índices de violencia menores que en Brasil.

Controvertido desde que nació como idea, el decreto desató la indignación entre organizaciones y movimientos sociales, que temen un aumento de la inseguridad e incluso de los accidentes domésticos.

Silvia Ramos, especialista del Centro de Estudios de Seguridad y Ciudadanía (Cesic), declaró a la AFP que "técnicamente hablando, todo el mundo sabe que más armas significa más muertos, más violencia".

"Es muy preocupante, porque Bolsonaro le está entregando al ciudadano la responsabilidad de seguridad pública", declaró.

Según ella, obtener un registro cuesta entre US$ 1.080 y US$ 2.160, con lo que la medida no beneficiará a los más pobres, sino sobre todo a la clase media, la base de sus votantes, hastiados de la rampante violencia.

El opositor Partido de los Trabajadores (PT) anunció que se propone acudir a la Justicia para intentar la anulación del decreto. "Es un tema que no puede ser objeto de un decreto, porque implica la preservación de la vida", declaró el senador Humberto Costa, jefe del grupo del PT en la Cámara Alta.

Sin embargo, a tenor de lo declarado ya por algunos magistrados, el decreto tendría plena validez legal, pues no altera cláusulas de la Constitución consideradas "pétreas" o intocables.

 

 

Fuente: El Pais