Argentina defendió su postura y acusó al juez estadounidense Thomas Griesa de "presiones y contradicciones".

En el día de la fecha los representantes legales de la República Argentina concurrieron a una nueva audiencia convocada por el juez Griesa en la que el juez continuó sin dar resolución a ninguna de las cuestiones pendientes", informó el Ministerio de Economía en un comunicado.

 

El Ejecutivo de Cristina Fernández manifestó que "más allá de las nuevas presiones y contradicciones en las que incurrió el juez, Argentina sostiene su posición", respecto a las advertencias por desacato realizadas por Griesa en la audiencia de este viernes.

"La República continúa trabajando para generar condiciones justas, equitativas, legales y sustentables para honrar sus deudas con el 100% de sus acreedores", continúa el texto.

Griesa es el responsable del fallo favorable a los fondos especulativos que no aceptaron la reestructuración de la deuda en mora desde la crisis de 2001 y denunciaron a Argentina en Estados Unidos para cobrar el monto íntegro.

Como parte de la aplicación de la sentencia, la Justicia estadounidense mantiene bloqueado el último depósito de 539 millones de dólares realizado por Argentina al Bank of New York Mellon (BoNY) para hacer frente a los compromisos con los bonistas que aceptaron, con importantes quitas, los canjes de 2005 y 2010.

Para Argentina, las decisiones del Poder Judicial estadounidense suponen una violación de su soberanía, por lo que el Gobierno presentó ayer una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, pese a que Estados Unidos no reconoce obligatoriamente su jurisdicción.

El Gobierno del país suramericano defiende que ha cumplido puntualmente sus obligaciones de pago al realizar los depósitos antes del vencimiento y así se lo ha comunicado a través de avisos legales y comunicados a los bonistas y agentes fiduciarios.

"Argentina sigue describiendo con detalle cómo debe hacerse el pago a los bonistas de deuda reestructurada pero omite cualquier descripción de las obligaciones que tiene con los que no aceptaron el canje", sostuvo hoy Griesa, en referencia al fallo según el cual el país suramericano les debe 1.500 millones de dólares a los fondos litigantes, que representan el 1 % del total de los acreedores.

"Ante los dichos del juez Griesa sobre los avisos legales publicados por la República, el abogado que representa al país, Jonathan Blackman argumentó que Argentina es un Estado soberano y que como tal, tiene la necesidad y obligación de informar a su población", defiende el Ministerio de Economía en su comunicado.

"El juez Griesa continúa contradiciéndose a sí mismo -y a los hechos evidentes- al sostener que Argentina no pagó. Sin embargo, fue el mismo juez Griesa quien en la anterior audiencia reconoció claramente que Argentina había cumplido con su obligación, y decidió mantener los fondos que son propiedad de los acreedores en el Banco de Nueva York", apuntan desde la cartera de Axel Kicillof.

El Ejecutivo de Cristina Fernández califica de "insólita" la postura del magistrado de impedir el pago de los bonos reestructurados, que suponen un 92,4 % del total de la deuda, si no se saldan primero cuentas con los fondos especulativos.

El Gobierno de Cristina Fernández sostiene que no puede cumplir el fallo de Griesa porque desencadenaría un aluvión de demandas de los bonistas de deuda reestructurada, ya que una cláusula en el contrato del canje les permite reclamar si el país suramericano mejora su oferta a otros acreedores antes de 2015.

"Ante esta situación, bonistas de todo el mundo han iniciado reclamos al juez y acciones legales contra el Banco de Nueva York, puesto que el dinero acreditado en sus cuentas es de propiedad de los acreedores", apuntan desde el Palacio de Hacienda argentino.